La quiebra de un proveedor regional no hace ruido en las bolsas de valores de Atenas ni en los informes trimestrales de un grupo energético europeo. Pero en el norte de Chile, donde decenas de pequeñas y medianas empresas apostaron su capital, su maquinaria y su mano de obra a los proyectos de transición energética, ese silencio tiene un costo concreto: más de $1.500 millones en deudas impagas, trabajadores sin sueldo y empresas al borde del colapso.
Este es el escenario que hoy enfrentan proveedores de las regiones de Antofagasta y Arica y Parinacota, afectados por los incumplimientos de pago de la empresa Green Hands, subcontratista en dos proyectos clave del sector fotovoltaico nacional: el complejo Tocopilla–Taira (María Elena) y el proyecto Work BESS Willka (Poconchile, Arica), ambos vinculados al grupo griego Metlen —anteriormente conocido como Metka— como empresa mandante.
Un modelo de negocio que traslada el riesgo hacia abajo
El esquema es conocido en la industria. Una empresa transnacional llega a Chile con un proyecto de gran envergadura, subcontrata a una empresa intermediaria —en este caso, Green Hands— para la ejecución operativa, y esta, a su vez, recurre a pymes regionales para las labores concretas: arriendo de maquinaria, suministro de insumos, provisión de mano de obra. Las pymes son las primeras en poner los recursos y las últimas en cobrar.
Lo que ocurre cuando ese flujo se interrumpe es devastador para el eslabón más débil de la cadena. Según los antecedentes recopilados, Green Hands acumuló deudas que en algunos casos individuales superan los $600 millones por empresa, sin que el grupo mandante —Metlen— haya respondido íntegramente por esas obligaciones comerciales, más allá de pagos parciales que no cubrieron el total comprometido.
«Cumplimos con todos los trabajos, pagamos sueldos y proveedores, pero hoy estamos al borde de la quiebra», declaró un representante de una de las firmas afectadas. Una frase que resume una realidad que se repite con alarmante frecuencia en los proyectos de energía renovable del norte de Chile.
El vacío legal: la responsabilidad que la ley laboral exige, pero la ley comercial no
El nudo central de este conflicto no es solo económico: es legislativo. Y aquí radica uno de los debates más urgentes que hoy enfrenta el ecosistema empresarial chileno.
Desde el año 2003, la Ley 20.123 estableció en Chile la responsabilidad solidaria y subsidiaria de las empresas mandantes respecto de las obligaciones laborales y previsionales contraídas por sus contratistas y subcontratistas. En virtud de esta norma, si un contratista no paga los sueldos de sus trabajadores, la empresa mandante es legalmente responsable de cubrir esas deudas. Es un mecanismo que, con sus imperfecciones, ha dado cierta protección a los trabajadores en la cadena de subcontratación.
Sin embargo, esa protección se detiene exactamente en los límites de lo laboral. Las deudas comerciales —los pagos por arriendo de maquinaria, suministros, servicios profesionales— no están cubiertas por ningún mecanismo equivalente de responsabilidad solidaria entre mandantes y subcontratistas. En términos prácticos: si Green Hands no paga a sus proveedores por los servicios prestados, Metlen puede argumentar que no tiene obligación legal directa de hacerse cargo de esas deudas comerciales. Las pymes quedan solas frente a un subcontratista que puede no tener patrimonio suficiente para responder.
Boletín 14011-03: cinco años esperando en el Congreso
Este vacío no es ignorado por el sistema político. Desde 2019, el proyecto de ley conocido como Estatuto Pyme —identificado en el Sistema de Información Legislativa del Congreso bajo el Boletín 14011-03— propone establecer la «responsabilidad comercial solidaria» de las empresas mandantes, extendiendo el principio ya consagrado para materias laborales al ámbito de los pagos comerciales entre empresas de la cadena de subcontratación.
La iniciativa lleva más de cinco años en tramitación. Actualmente, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional, radicado en la Comisión de Economía del Senado. La comisión ha dado señales de urgencia ante el creciente número de casos como el de las pymes del norte: ha oficiado formalmente al Ministerio de Energía para evaluar el impacto de deudas comerciales impagadas en el sector de energías renovables, reconociendo implícitamente que el problema ya adquirió dimensión sistémica.
Si el Boletín 14011-03 hubiera sido ley hoy, las pymes afectadas por Green Hands habrían podido exigir directamente a Metlen el pago de las deudas comerciales, sin necesidad de esperar a que su contratista intermedio respondiera. No lo es, y esa diferencia se mide en empresas quebradas, trabajadores desempleados y regiones que ven cómo la riqueza que generan los proyectos de energía renovable no se queda en el norte de Chile.
La paradoja de la transición energética en el desierto
El caso Green Hands–Metlen encierra una paradoja difícil de ignorar. Chile ha apostado con fuerza a convertir su norte árido en una potencia de energías limpias. Los proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía como los que hoy están en disputa son presentados como ejemplos del compromiso del país con la descarbonización. Sin embargo, el modelo contractual sobre el que se levanta esa infraestructura replica exactamente las asimetrías que históricamente han perjudicado a las regiones mineras: los grandes contratos los ganan corporaciones transnacionales, la ejecución se fragmenta en subcontrataciones sucesivas, y el riesgo financiero recae de manera desproporcionada en los proveedores locales con menor capacidad de negociación y menor acceso a protección legal.
Las pymes de Antofagasta y Arica no son un caso aislado. Son el síntoma de una vulnerabilidad estructural que afecta al ecosistema completo de proveedores regionales que sostienen los proyectos de transición energética en Chile.
Un llamado urgente a las autoridades
Desde CicloMinero, instamos al Ministerio de Energía y al Ministerio de Economía a actuar con urgencia en dos frentes:
- Impulsar la tramitación del Boletín 14011-03 en la Comisión de Economía del Senado, priorizando su despacho antes de que termine el actual período legislativo. Cinco años de espera son cinco años de pymes expuestas sin protección.
- Establecer un registro de cumplimiento de pagos a proveedores como requisito de habilitación para empresas que concursen en proyectos de energía renovable con participación estatal o financiamiento público. No puede ser posible que una empresa con historial de incumplimientos comerciales siga accediendo a nuevos contratos en el mercado energético chileno.
La transición energética no puede construirse sobre la precariedad de quienes la hacen posible. Sin protección legal efectiva para los proveedores locales, los grandes proyectos del norte seguirán siendo una oportunidad de negocios para corporaciones globales y una trampa financiera para las pymes regionales.
CicloMinero — Periodismo especializado en energía y minería. Antofagasta, Abril 2026.
