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La principal demanda del sector minero en Perú se centra en la estabilidad legislativa. El sector ha elevado un llamado directo al Congreso para que priorice la aprobación de marcos que garanticen la formalización de la actividad extractiva. Más allá de la formalización, es crucial que el Congreso se abstenga de cualquier intento de reducción o recorte de las concesiones ya otorgadas, elemento vital para la continuidad de la inversión.
El foco de esta tensión regulatoria se ubica en el Congreso de la República del Perú. Los actores principales son los grupos de interés minero, que representan intereses de inversión a gran escala, y el propio poder legislativo. Esta solicitud no es un tema aislado, sino que forma parte de un patrón regional de búsqueda de certeza jurídica, crucial para el desarrollo de proyectos de cobre y cobalto, temas que han estado en la agenda de la inversión en la región Andina.
La implicancia de esta petición es profundamente económica. La falta de certeza en el marco concesional incrementa el riesgo país, deteniendo o ralentizando la inversión en minerales críticos. La formalización, por su parte, es el mecanismo que permite pasar de la actividad informal a cadenas de valor productivas, garantizando la trazabilidad y la sostenibilidad. Ignorar este llamado implica poner en riesgo la viabilidad de grandes faenas, afectando la cadena de suministro regional y la estabilidad laboral asociada a la minería.
El futuro de la inversión en el cinturón minero andino depende directamente de la respuesta política. Se espera que el diálogo entre el sector privado y el gobierno peruano se centre en mecanismos de diálogo técnico que permitan actualizar y simplificar los procesos de concesión. Para la región, este caso reafirma la necesidad de que los países de LATAM, desde Chile hasta Perú, establezcan reglas de juego claras que atraigan capital y consoliden la minería como pilar económico sostenible.
